Este fraude no fue descubierto
por PEMEX, ni por la Procuraduría General de la República (PGR), sino por la propia
oficina matriz de BANAMEX en Estados Unidos que es Citigroup, Inc., quien según
sus reglas de operación y la normatividad estadounidense lo hizo público.
Sin esta acción de Citigroup,
posiblemente en México, jamás se podría haber sabido de este fraude. Sobre lo cual, hay que dejar bien claro, no
fue un fraude en perjuicio de PEMEX, fue un fraude en perjuicio de BANAMEX. El
FBI y los fiscales estadounidenses aún investigan si BANAMEX fue víctima o
facilitador en el fraude.
El 28 de febrero de 2014 La
procuraduría General de la República (PGR) con base en la información recibida
de Estados Unidos procede a “asegurar” a la empresa Oceanografía, con el
argumento de preservar la operación de PEMEX y salvaguardar los derechos de los
trabajadores, utilizando para tal efecto a la Marina. La PGR agregó, en esa
ocasión, los posibles delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada
además del fraude ya mencionado. Pareció querer dar a entender que tenía los
elementos suficientes para justificar tal acción.
Por su parte la PGR informa que
inicia una investigación y gira orden de presentación sobre el presidente del
concejo de administración de Oceanografía, Sr. Armando Yañez Osuna. Asegura los bienes de Oceanografía y designa
como su administrador temporal al
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Pero si solo había la demanda del
ofendido, es decir de BANAMEX, no se
explica el porqué de su rápida y atípica actuación, ni informa del sustento de
su más amplia investigación. Niega todo tipo de información pretextando que se trata de una investigación en curso.
Evita decir, con este artilugio, si se investigará a los empleados de PEMEX para
dilucidar si estos fueron ajenos o facilitadores del fraude, como lo hace el
FBI en Estados Unidos. A todas luces se trata de una estratagema para deslindar
a PEMEX.
Todo lo anterior mas pareció
confabularse con el fin de evitar que se hiciera público que el fraude fue
cometido en 2013, es decir en el actual sexenio de Peña Nieto. Para cerrar más
esta posibilidad y que la opinión pública se encamine por otro lado, se deja
correr la versión de que Oceanografía viene cargando desde hace muchos años con
diferentes demandas de proveedores extranjeros, que ha cometido fraude al no enterar
oportunamente las cuotas del IMSS y del INFONAVIT. Pero por sobre todo se deja
correr la versión de que los Hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de la esposa del
ex presidente Vicente Fox, son socios de
Oceanografía y se menciona con insistencia de que Oceanografía logró un
crecimiento inaudito durante los sexenios de los presidentes Calderón y Fox. Con esto se logra a
la perfección el fin deseado, es decir, que todos los reflectores se enfoquen
hacia las administraciones anteriores y no sobre la del actual presidente Peña
Nieto, sino solamente sobre Oceanografía y no sobre PEMEX también.
Mientras tanto, la PGR anuncia
que se busca por cielo mar y tierra al Sr. Armando Yañez Osuna, se dice que se ha solicitado a la INTERPOL su
captura en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación aprovechan
para elaborar cuanta inverosímil historia de huídas, escapes, escondites y más.
Pero para sorpresa de propios y extraños el 22 de marzo de 2014, el Sr. Armando
Yañez Osuna se presenta voluntariamente a declarar ante la PGR. Con gran
diligencia, y sin haberle fincado aún ningún delito la PGR solicita ante un
juez una orden de arraigo en su contra, que le es otorgada de inmediato. Si la
propia PGR dice que solicita el arraigo para tener tiempo de integrar la
acusación y allegarse pruebas, no se explica entonces qué elementos tuvo el
juez para otorgar el arraigo. Aunque existe la fe pública del fraude contra
BANAMEX, no se puede culpar al Director General de Oceanografía por delitos
cometidos por empleados subalternos, sin dejar de considerar que pudo haber
tenido conocimiento del hecho, cosa que tendría que ser probada en el juicio.
Así como tampoco se puede culpar al Director General de BANAMEX por delitos
cometidos por funcionarios subalternos, en caso de que estos hayan sido
facilitadores del fraude. Igual situación privaría para el Director de PEMEX si
empleados de éste hubiesen participado en el fraude. Pero si la PGR opera bajo
presunciones solamente, los tres Directores deberían estar arraigados no solamente
el de Oceanografía.
Arraigar a una persona es, en los
hechos, poner preso a un individuo sin haberle adjudicado ningún delito. Figura
que se sigue utilizando cotidianamente en México en contra de los principios
más elementales de justicia.
Al transcurrir de los días se
empiezan a aclarar algunos hechos; se sabe que sí hubo denuncias de empresas
estadounidenses en contra de Oceanografía, pero en todos los casos finiquitaron
en acuerdo de las partes. Se aclara también que los hermanos Bribiesca jamás
fueron socios de Oceanografía.
Si se quiere, daremos por hecho
que Oceanografía ha omitido el pago de varias o muchas mensualidades de las
cuotas obrero patronal al IMSS o de las aportaciones al INFONAVIT, que en
extremis la PGR califica de fraude, pero que en la realidad son omisiones o
falta de pago oportuno, que la propia
ley del IMSS prevé, tan es así que impone multas y recargos, llegando al
embargo de bienes si la omisión persiste. Pero si de esto la PGR quiere hacer
un caso de fraude, entonces tendría que meter a la cárcel a la mitad de los
millones de empresarios de México que incurren en esta falla y al 100% de las
personas que se dedican a la economía informal que eluden flagrantemente el
pago de las cuotas al IMSS y al INFONAVIT. Pero además tendría que meter a la
cárcel también a la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales que
incurren en la misma omisión ante el ISSSTE y el FOVISSSTE.
Se dice que la empresa enfrenta
demandas por motivos laborales o despidos injustificados de 122 trabajadores.
Pero seamos prácticos, sería inverosímil que una empresa con 11,000
trabajadores careciera de problemas de este tipo, pero además, existen las
leyes laborales que protegen con suficiencia los derechos de los trabajadores. Para
tener una referencia baste recordar que el propio Citigroup a quien pertenece
BANAMEX, anunció en 2011 el despido de 4,500 puestos de trabajo y no por eso
fue intervenido por el gobierno de Estados Unidos.
Se dice con insistencia que
durante los sexenios de los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe
Calderón (2000-2012) se favoreció a Oceanografía, pero se omite el hecho de que
Oceanografía presta servicios a PEMEX desde su fundación en 1968, es decir 33 años bajo presidencias PRIistas.
Resumiendo, se aprecian tres
claras intenciones por parte del gobierno de Peña Nieto; primero quiere hacer
parecer que todo este asunto no sucedió en su administración sino en los
gobiernos anteriores, segundo quiere deslindar a PEMEX y tercero quiere
justificar la acción de la PGR.
Esto último es de la mayor
importancia, ya que intervenir esta empresa como lo hizo la PGR, para efectos
prácticos, es un símil de estatizar, ya que su administración ha sido tomada
totalmente por el gobierno Mexicano, lo que de inmediato implicó una serie de
graves consecuencias.
El 6 de marzo de 2014, el
secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis
Videgaray, en la novena cumbre financiera mexicana dijo “El gobierno mexicano está aplicando el Estado de derecho,
actuando con oportunidad para salvaguardar las operaciones de Petróleos
Mexicanos y proteger las fuentes de trabajo de la empresa y asegurar una
ordenada recuperación al máximo posible de los créditos de Banamex, así como de
otras instituciones financieras”.
Primero.
Luis Videgaray dice que se “está aplicando el estado de derecho”, pero no
explica con claridad que quiere decir con eso. Si por estado de derecho se
refiere al cumplimiento de las leyes, que yo sepa no hay ninguna ley que diga
que cuando una empresa o sus empleados incurran en un fraude contra otra deba
ser intervenida por el estado. El procedimiento bien conocido es que la empresa
ofendida demande y que la autoridad procure la restitución del daño o castigue
al demandado si el caso lo amerita.
Segundo. “El
gobierno mexicano está actuando para salvaguardar las operaciones de Petróleos
Mexicanos y proteger las fuentes de trabajo de la empresa”. Sabemos que el
fraude se fraguó en 2013 y que Oceanografía venía prestando sus servicios a
PEMEX con normalidad por lo que no se explica bien a bien eso de salvaguardar
las operaciones de Petróleos Mexicanos. Luego viene un galimatías inexplicable,
me explico, la empresa es la fuente de trabajo de los trabajadores y no de la
empresa, “las fuentes de trabajo de la empresa” es el propio PEMEX. Pero
nuevamente no sabemos qué Oceanografía se estuviera desintegrando, declarando
en quiebra, deshaciéndose de sus activos o vendiéndose, con lo que peligrara la
fuente de trabajo.
Tercero.
“Asegurar una ordenada recuperación al máximo posible de los créditos de
BANAMEX, así como de otras instituciones financiera”. No sé si esto sea un
lapsus mental del Secretario de Estado Luis Videgaray, una frase hueca dicha
ante la cumbre de financieros que entenderían que no es cierto o una promesa
verdadera. Porqué lo que yo entiendo es que el gobierno mexicano se
asegurará, nada menos, de que BANAMEX recupere lo que le debe Oceanografía y no
solo éste sino también las otras instituciones financieras. Esto es, como
Oceanografía está intervenida por el gobierno mexicano, si ésta no genera los
flujos de efectivo necesarios para pagar los adeudos de BANAMEX y demás
instituciones financiera, ateniéndonos a la promesa de Luis Videgaray, entonces
el gobierno mexicano proveerá
los fondos necesarios para cubrirlos. Y por su puesto con dinero de nuestros
impuestos. La pregunta es ¿Porqué el gobierno mexicano tiene que
asegurarse que una empresa privada le pague a otra empresa privada sus adeudos?
En cuanto
los proveedores de Oceanografía supieron del aseguramiento por parte de las
autoridades, iniciaron procedimientos para el cobro de sus créditos. Fue tal la
avalancha que el administrador gubernamental designado se vio tan abrumado que
tuvo qué solicitar ante un juez la suspensión de pagos, solicitud que le fue
concedida.
Con esto,
los humildes proveedores se quedarán sin cobrar, quien sabe por cuánto tiempo.
Pero en cambio para BANAMEX y las otras instituciones financieras hay la
promesa de Luis Videgaray que se hará lo máximo posible para qué recuperen sus
créditos.
Con tal
acción Oceanografía se verá privada de suministros porqué los proveedores no
querrán arriesgar más sus patrimonios o tendrá que comprarlos de contado,
esperando que los proveedores mansamente le sigan vendiendo a pesar de tener
detenidos sus pagos. En ambos casos la fluidez de su funcionamiento se verá
interrumpida y en consecuencia la operación de PEMEX se verá perjudicada, que
es en resumidas cuentas lo que se quería evitar.
El gobierno
debió permitir que la legalidad del estado siguiera su curso. Una empresa
privada demanda a otra empresa privada. El proceso judicial determina la
culpabilidad del acusado e impone la pena correspondiente. Si existen los
elementos suficientes para imponer pena corporal se procede en tal sentido
contra la o las personas acusadas.
Al eliminar
a los propietarios de Oceanografía de su dirección e imponer a un administrador
totalmente ajeno, lo que se quería evitar se cumplirá puntualmente, ya que sin
duda la llevarán a la quiebra total.
Por lo
pronto el gobierno tuvo ya que aportar los primeros millones de pesos, de quien
sabe cuántos más, para la instalación de la administración provisional.
Hoy es
girada, por fin, la orden de aprensión contra el Sr. Armando Yañez Osuna, quien
se reservó su derecho a declarar.
Mi opinión
es que la intervención, aseguramiento o como se le quiera llamar, de
Oceanografía, fue una soberana desproporción. O es que Peña Nieto quiere volver
a las nefastas épocas estatistas.
