DERECHO LEGÍTIMO DE LOS ESTADOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

Ya basta de hablar de las participaciones federales como si fueran una graciosa dádiva que el gobierno federal  hace a los estados.

Las participaciones federales a los estados son el derecho que los estados tienen sobre la recaudación de los impuestos que la federación hace en los propios estados. Dicho de otra manera son los impuestos generados por la actividad económica de cada uno de los Estados y que mediante el pacto federal  los estados cedieron a la federación la prerrogativa de recaudarlos a cambio de que la federación se quede con una parte, que en principio debió ser la menor,  para la administración y seguridad nacional, por ejemplo, y el resto devolverlo a los estados en donde los ciudadanos de cada uno de ellos deberían ser los legítimos derecho-beneficiarios de los mismos por haberlos generado en su entidad ellos mismos.

   

La mega-cefalea prevaleciente de nuestro sistema político de hecho confiscó a los estados el derecho a los impuestos recaudados en sus entidades y durante muchos años la federación los distribuyó a su antojo de manera discrecional.

No fue hasta que un gobierno estatal fue de un partido diferente al PRI, el Estado de Baja California por el PAN en 1989 gobernado por Ernesto Ruffo Appel, que se puso de manifiesto la inequidad con que eran repartidos los impuestos.  No olvidemos que el gobierno federal NO genera ingresos, los ingresos son generados por las entidades federativas (Los Estados) pero debido al pacto federal el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los recauda y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de distribuirlos mediante las reglas establecidas.

Al abrirse el sistema político con la llegada al poder en los Estados de otros partidos políticos diferentes al PRI, incluyendo el Distrito Federal, la necesidad del reparto más justo de los impuestos ya no solo fue una evidencia sino una exigencia, la cual se hizo mayúscula cuando el PAN llegó a la presidencia de la república y los Estados gobernados por el PRI fueron mayoría. Los gobernadores estatales PRIistas que antes eran sumisos ante el gobierno federal de pronto se convirtieron en furiosos reclamantes ante la administración federal PANista.

La administración federal de los gobiernos emanados por el PAN, fiel a su filosofía de subsidiariedad, hizo lo que desde siempre se debió hacer, distribuir las participaciones federales con la mayor equidad posible. Ese intento de justicia en reintegrar a los estados los impuestos que los propios estados generan con su actividad económica fue realmente parcial debido a la herencia cultural centralista. (Por ejemplo, Baja California recibe a lo más el 23% de los impuestos federales que genera). No obstante el nuevo flujo de dinero, debido a la atrofiante mega-cefalea, la mayoría de los recursos  generados por los estados son manejados por el gobierno federal, quien se abrogó el derecho de decidir en qué, cómo, cuándo y dónde se deberían invertir o gastar en los Estados los dineros generados por los propios Estados, es decir su derecho como Estados Libres y Soberanos de decidir sobre sus propios recursos les fue confiscado por el gobierno federal. Dicho de la manera coloquial acostumbrada, “se etiquetaron” las participaciones.  Reservándose el gobierno federal además, por la costumbre ancestral centralista hecha ley, derechos sobre actividades de desarrollo estatales como son; aeropuertos, puertos marítimos, carreteras, ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo, agua, radio, televisión, comunicaciones, salud, educación, áreas territoriales designadas federales, subsuelo  y territorios ejidales, estos últimos, que conforman la mayor parte territorial de los Estados son regidos por leyes federales por lo que quedan prácticamente fuera del control de los estados para su desarrollo. En la época Echeverrista se confiscó la actividad pesquera de manos particulares para ser entregada a unidades cooperativas que al final fracasaron rotundamente.

Ante este nuevo flujo de efectivo y su relativa libertad para administrarlos, que las administraciones Federales PANistas trataron medianamente de corregir, los gobernadores y las administraciones estatales, unos francamente inexpertos y otros indecentemente corruptos, sin distingos… o mal administraron o descaradamente robaron o despilfarraron los recursos. Otros, mal que bien, con una ciudadanía más vigilante han invertido y gastado sus dineros, no dineros de la federación, repito, sus dineros, en educación, salud e infraestructura y su avance se ha hecho notar. 

Con el regreso del PRI al gobierno federal se ha regresado y acentuado  la administración centralista que tanto daño hizo al país. Cada una de las famosas reformas constitucionales de Enrique Peña Nieto, ya aprobadas o por aprobar, llevan como sello indeleble, en forma descarada  o muy bien camuflada, la acumulación de poder del ejecutivo federal.

Cierto, la subsidiariedad que es derecho irrenunciable de los estados a propiciado que algunos corruptos hayan robado descaradamente, no obstante, la justa repartición, es un principio al que los “Estados” Unidos Mexicanos jamás deben de claudicar. Cada una de las constituciones de los Estados consignan al “Estado Libre y Soberano de…”, sin embargo cada uno de los Estados en los hechos ha cedido su soberanía a la federación porque le han cedido el control absoluto de los recursos que ellos generan. En última instancia que la justicia de los Estados castiguen a sus gobernantes corruptos. 

 Es necesario repetirlo El gobierno federal NO genera recursos, los recursos son generados por los Estados que traducidos en impuestos son recaudados por la federación mediante el pacto federal.

El “Principio de Subsidiariedad” es el principio en el que se basan todas las democracias avanzadas y en ello se fundamenta su desarrollo. México lo ha soslayado y los Estados de la República Mexicana se han visto lastrados por décadas o más bien desde siempre, el gobierno federal en turno es quien ha decidido que hacer y dónde hacer, a quien dar y a quién quitar. Los Estados, a fuerza de ser sometidos, se convirtieron en dependientes del poder omnipotente del ejecutivo federal. No se debe olvidar que en otros países el asfixiante centralismo ha provocado que algunas regiones se vuelvan autónomas o simplemente conformen otro país. 

No es gratuito que en los estados del norte del país, por su lejanía del centro omnipotente y por el desdeño y menosprecio secular que éste ha tenido, sus ciudadanos se hayan visto en la necesidad de organizarse y valerse por sí mismos al grado que es innegable afirmar que hay un México diferente al norte del país y otro al sur donde su cercanía al todo poderoso centro federal atrofió su capacidad de decisión porque dejaron en sus manos el hacer o dejar de hacer en sus entidades,  quedando sujetos a la megalópolis como satélites más que como Entidades Federativas. Por desgracia en  la mayoría de los Estados se repitió el atrofiante centralismo, anquilosando en sus  municipios a su vez la capacidad de desarrollarse por sí mismos.

El regreso del PRI a la presidencia de la República trajo consigo el centralismo a ultranza. Haciendo lo indecible por concentrar todo el poder en la esfera central y de ser posible en la persona del Presidente, lo que de hecho ha significado una drástica disminución, sobre la ya mermada capacidad de acción de los Estados Federados.

La eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, que proveía una recaudación directa para los Estados, implicó, menos que la intención de formalizar causantes que por cierto ya eran regulares, más bien quitar el poder de los Estados de decidir libremente que hacer con dicha recaudación. Por el contrario las dificultades de entender y administrar el nuevo sistema fiscal ocasionó el cierre de miles de micro empresas que indudablemente acrecentaron las filas de la informalidad.

Tal vez pocos recuerden el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles que recaudaban los Estados, un impuesto muy sencillo de calcular y por consiguiente asequible de pagar por los contribuyentes. Este impuesto fue sustituido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por supuesto arrebatado a los Estados por el gobierno federal.  

Se revoca la federalización del sistema educativo argumentando corregir desviaciones y abusos por parte del sindicatos de maestros y autoridades Estatales, pero se olvida decir que si bien la administración del Presidente Ernesto Zedillo subrogó el presupuesto a los Gobiernos Estatales, el sindicato nacional de maestros siguió intacto acordando directamente con la Presidencia y que era y sigue siendo el meollo de la corrupción. La nueva reforma educativa prácticamente elimina cualquier injerencia de los Estados en la educación de sus ciudadanos. 

El Instituto Nacional Electoral quiere eliminar los organismos electorales estatales, es decir, los ciudadanos de los Estados ya no organizarán sus propias elecciones, dicen que no son confiables, cuando el Instituto Nacional hace tiempo que dejó de serlo.

Por si quedara alguna libertad en los estados, ahora la Administración Federal se ha adjudicado el derecho de fiscalizar los dineros que reciben los Estados, es decir, conociendo la forma de operar de la administración PRIísta a su contentillo decidirá a qué Estado castigar y a cual no. La irracionalidad de nuestro sistema ha invertido los papeles ya que lo justo sería que los Estados fiscalizaran a la Administración Federal sobre los recursos que levanta en los propios Estados. Los Estados se han convertido en simples súbditos del reino central. 

Como se ve, el federalismo es una farsa, el enunciado de la constitución de los “Estados Libres y Soberanos” es letra muerta. El desarrollo que algunos estados han podido lograr nunca ha sido en base al principio de Subsidiariedad  que debería regir a la República sino a pesar de su sistemática negación. El Gobierno Federal nunca ha demostrado ser mejor administrador y menos corrupto que los gobiernos de los Estados, más bien al contrario, la corrupción y la tortuosidad burocrática fue impuesta durante decenios por la organización corporativista del PRI que imponía gobernadores y presidentes municipales que ni siquiera eran originarios de las entidades o ciudades a las que eran asignados pero ni siquiera en muchos casos eran avecindados en ellos.

Es necesario que lo repita por última vez; La administración federal NO genera ingresos, son los Estados los que los generan, pero la federación se ha apropiado de ellos como si ella misma fuera la generadora de los mismos y los distribuye con la arrogancia de un gran señor a sus súbditos. Así decide a quién, cuándo y cuánto dar o no dar.

Adolfo Camacho Gómez