Los que alcanzaron la mayoría de edad entre 1965 o 1967, es decir
adultos como su servidor, conocen perfectamente bien lo pernicioso que es un
control de precios.
Control de precios significa que un gobierno que se ve afectado por una
inflación mayor a lo normal, (generalmente se considera una inflación normal
cuando no es mayor, punto más punto menos, del 3% anual), y sobre todo cuando
tiene un marcado sesgo populista, tiende a fijar precios máximos para muchos
artículos, principalmente de los llamados canasta básica, es decir de primera
necesidad. Aunque los controles de precios en realidad no controlan nada, ya
que solo es un alivio momentáneo, porque el aumento del costo de los insumos a
los productores no se detiene jamás y pronto hacen incosteable su producción y
el gobierno queda atrapado en la disyuntiva de enfrentarse a una escasez porque
los industriales nunca van a producir con pérdidas, o fijar un nuevo precio
controlado que restituya los nuevos costos de producción. La trampa consiste en
que el gobierno hace creer a la población que la culpa del aumento de precios
es de los productores y comerciantes y no de su pésimo manejo de la economía
del país.
<<Los controles de precios, inevitablemente, terminan en escasez y
mercado negro>>
Si bien la inflación, en la coyuntura actual, no es privativa de México.
Prácticamente la mayoría de los países del mundo se vieron en la necesidad de
destinar ingentes cantidades de dinero para paliar las necesidades de sus
ciudadanos debido al cierre por la pandemia, pero también apoyaron a productores
y comerciantes. En México se hizo lo propio mediante las llamadas ayudas sociales,
pero de manera insuficiente, con un desparpajo sin igual y sin reglas de
operación, además con motivo de las elecciones en 2021 se hizo un anticipo
correspondiente a dos bimestres de las mismas. Pero nunca se dio un apoyo a
productores y comerciantes; en las propias palabras de López Obrador “No vamos
a salvar a ningún empresario, si tienen que cerrar que cierren”. Pero también
desde 2019 en una decisión sin ningún fundamento económico, López Obrador
decidió aumentar los salarios mínimos 20%, 4 veces la inflación de ese año, lo
repitió en 2021, cuando la actividad económica había estado prácticamente
parada por la pandemia y lo volvió hacer en 2022 cuando la inflación ya estaba
desbocada. Pero eso no fue todo, en la zona fronteriza en 2019 el aumento del
salario mínimo fue del 100%. Es fácil comprender que esos aumentos por decreto
produjeron aumentos en cascada anormales en el resto de las escalas salariales,
que inevitablemente incidieron en los costos de producción de industriales, comerciantes
y prestadores de servicios.
Los trabajadores aplaudieron a rabiar esa decisión y la popularidad de
López Obrador se fue a las nubes. A López era todo lo que le importaba, las
consecuencias no.
Las empresas aguantaron hasta donde pudieron sin aumentar los precios. Los
costos que representaron dichos aumentos salariales, incluyendo también los
aumentos en prestaciones laborales ligados a los salarios, más el rompimiento
de las cadenas de suministros por el cierre mundial a que obligó la pandemia,
hizo inevitable repercutir dichos costos en los precios de sus productos. Por supuesto el aumento salarial no sustentado en la productividad de las empresas, es sólo uno entre una amplia variedad de componentes en la inflación.
La ecuación infernal, hasta para los no iniciados como yo, es evidente;
a menor producción y mayor circulante monetario, precios más altos, o lo que es
lo mismo a menor oferta contra mayor demanda mayor inflación.
Con aguacates para los que como yo poco entendemos: Supongamos que en el
mundo solo hay un productor de aguacates y sus arbolitos le producen 5 kilos y
por otro lado hay un solo comprador de aguacates que posee 100 pesos y le
compra los 5 kilos con los 100 pesos, cada kilo costará 20 pesos. Ahora bien,
por las razones que usted quiera, como por ejemplo falta de lluvia, el
productor de aguacates cosecha solo 3 kilos, pero el comprador por arte de
magia ahora posee 300 pesos y hacen la misma transacción, todo el dinero por
toda la producción, el kilo ahora costará 100 pesos.
Ahora, aquellos trabajadores que aplaudían a rabiar están enojados
porque ya no les alcanza el dinero de su quincena, pero muy pocos relacionan
aquellos aumentos que fueron hechos sin una base real en la productividad con
el aumento de precios y siguen agradecidos con López, sin entender que con la
regla viene el castigo. En un periodo inflacionario, y peor, cuando en un país se pierde el control de ella, los salarios siempre pierden. Así ha sido siempre.
No pasará mucho tiempo en que López Obrador acuse a los empresarios de encarecedores,
acaparadores y todo lo que se le ocurra, y para castigarlos y supuestamente hacer justicia y beneficiar a los asalariados, decrete un control
de precios.
Quienes lo vivimos en los años 70 y 80 en los sexenios de Luis
Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, sabemos lo nefasto que fue
aquello.
Luis Echeverría recibió de Días Ordaz una inflación en 1970 de 4.98% y
entregó a López Portillo en 1976 la inflación en 27.20%, éste entregó la
inflación a Miguel de la Madrid en 1982 en 98.84%, de la Madrid entregó a
Salinas de Gortari en 1988 inflación de 51.66%, pero un año antes tuvo la
inflación más alta desde que se tienen registros 159.17%. Salinas de Gortari
cerró 1994 con 7.05%. Vino Cedillo y con él, el llamado error de diciembre y la
inflación en 1995 subió a 51.97%, pero cerró el año 2000 en 8.96%. Le siguieron
Fox, Calderón y Peña, con una inflación promedio en los 3 sexenios de 4.3%, con
la más alta en el periodo de Peña en 2017, año del “gasolinazo” de 6.77%.
El control de precios generalizado inició con Luis Echeverría, quien
tuvo la nefasta creencia de que pidiendo prestado, imprimiendo dinero sin
sustento y gastando a manos llenas se podría crear crecimiento, pero lo único
que creo fue el combustible de la inflación. Creado el monstruo tuvo la genial
idea de imponer el control de precios no solo a la canasta básica, sino prácticamente
a todo, pocos productos se salvaron, culpando por supuesto, al empresariado del
aumento de los precios. López Portillo tuvo la fortuna de que fuera descubierto
el yacimiento de petróleo de Cantarell, y que con sus palabras; “preparémonos
para administrar la abundancia”, el desenfreno de gasto y endeudamiento
continuó. Por supuesto los precios no dejaron de subir y el control de precios
continuó. En 1982 inicia la administración de Miguel de la Madrid tratando de
imponer un plan de austeridad en su gobierno, pero para entonces el gobierno
era el principal empleador, más del 60% del empleo formal dependían directa o
indirectamente del gobierno. Durante decenios el gobierno se fue haciendo
propietario de todo tipo de empresas, desde empacadoras de pescado a fábricas
de llantas, leche, conservas, por supuesto la industria petrolera, pero también
la eléctrica, ferrocarriles, mineras, azucarera, telefónicas, televisoras, puertos,
aeropuertos, astilleros, cinematográficas, hasta hoteles, restaurantes, bares y
equipos de fútbol.
Miguel De la Madrid, aunque tenía buenas intenciones, no tuvo el valor
de realizar los cambios estructurales que modificaran de raíz la distorsión
económica que afligía al país. Para colmo en 1986 aconteció el mayor terremoto
de que se tiene memoria en México, lo que echó por tierra cualquier intensión de
corregir el desorden. Ningún país puede soportar un sistema ultra centralizado,
no lo soportó la Unión Soviética ni la China comunista. Corea del Norte, Cuba y
Venezuela son una pesadilla para el bienestar de sus ciudadanos.
Necesario comentar que en 1961 se creó la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (CONASUPO), por supuesto propiedad del gobierno, que
tenía la finalidad de garantizar la compra y regulación de los precios en los
productos de la canasta básica, es decir, ser una competencia desleal a la
iniciativa privada mediante subsidios con cargo al erario. Pero
principalmente acaparó el monopolio del maíz.
Aunque el fenómeno del monopolio del maíz por el Estado a través de
CONASUPO, ha sido analizado por verdaderos estudiosos, puedo comentarles lo que
yo viví de primera mano:
El maíz era comprado a los productores nacionales e internacionales a
precio de mercado por CONASUPO, quien lo concentraba y distribuía en todo el
país. CONASUPO estipulaba precios para los diferentes tipos de uso; producción
de tortilla, industrial y engorda de animales.
El precio para los productores de tortilla era inferior al precio de
mercado que compraba CONASUPO, es decir subsidiado, con el fin de que el
tortillero vendiera la tortilla al público al precio controlado. A cada tortillero
se le asignaba una cantidad límite de maíz, con el fin de evitar acaparamiento.
En la forma de asignar las cuotas entraban todas las posibilidades; amiguismo,
influencias, compadrazgos y por supuesto la “mordida”. Dependía de las
argucias, sagacidad o mañas del tortillero obtener suministro de maíz
suficiente y constante para no detener su producción. No es difícil imaginar
que muy pronto se hizo habitual la escasez de tortilla. El consumidor tenía que
ir muy temprano para alcanzar a comprar sólo un kilo máximo.
Por supuesto el mercado negro no se hizo esperar. Los pequeños engordadores
de puercos o clandestinos que no tenían acceso a comprar a CONASUPO, acudían a
los tortilleros. A éstos les convenía vender parte de su maíz a los
engordadores, compensando de esa forma la magra utilidad que les rendía la
tortilla debido al precio controlado. Pero también estaban los restauranteros
que pagaban un precio superior al controlado para asegurar un suministro de tortilla
para sus negocios, por supuesto con detrimento del consumidor hogareño.
Agregue a esto, otros miles de productos que estaban en la misma
situación, las importaciones estaban prohibidas o muy controladas, lo mismo el
acceso a dólares. Los industriales se inclinaron a producir solo una línea de
sus productos, los más económicos y por consiguiente de menor calidad y en
cantidades mínimas que cubrieran a medias la demanda, por lo que constantemente
había faltantes en tiendas y supermercados. Todo escaseaba, desde pasta dental, jabón, papel higiénico, huevo, carne, pollo, hasta refacciones para automóviles. La fayuca (introducción hormiga de
productos americanos) se convirtió en una práctica común para consumo personal
o reventa.
Lo repito <<el control de precios siempre termina en corrupción, escasez y
mercado negro>> y como siempre sucede con estas medidas equivocadas, los
más pobres a quienes se pretende beneficiar son los más perjudicados. La
conseja popular, con toda crudeza se hace realidad; ¡El producto más caro es el
que no hay!
Pero hubo otra raja en todo ello, la corrupción rampante. Desde el alto
funcionario que recibía un “donativo voluntario” por la firma que autorizaba el
precio de un producto o la importación de otro, hasta el ejército de vigilantes
de los precios al consumidor que se convirtieron en extorsionadores de
comerciantes y prestadores de servicios.
Todo esto viene a colación por la amenaza de López Obrador de imponer
control de precios a algunos productos de la canasta básica si la inflación no
baja. Insólito de una persona que, como él, sabe lo nefasto que es imponer
control de precios porque él fue testigo de ello.
