Mexicali, B. C.

Mexicali, B. C.
Mexicali, B. C. México

jueves, 29 de mayo de 2014

OCEANOGRAFÍA: ¿JUSTICIA O VENTAJA POLÍTICA?

Algunos funcionarios de Oceanografía, importante proveedor de servicios marítimos de Petróleos Mexicanos, S. A. (PEMEX), cometieron fraude contra El Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX), al proporcionarle documentos falsos de contratos supuestamente celebrados con PEMEX para obtener préstamos o créditos bancarios, por alrededor de 400 millones de dólares.
Este fraude no fue descubierto por PEMEX, ni por la Procuraduría General de la República (PGR), sino por la propia oficina matriz de BANAMEX en Estados Unidos que es Citigroup, Inc., quien según sus reglas de operación y la normatividad estadounidense lo hizo público.
Sin esta acción de Citigroup, posiblemente en México, jamás se podría haber sabido de este fraude.  Sobre lo cual, hay que dejar bien claro, no fue un fraude en perjuicio de PEMEX, fue un fraude en perjuicio de BANAMEX. El FBI y los fiscales estadounidenses aún investigan si BANAMEX fue víctima o facilitador en el fraude.
El 28 de febrero de 2014 La procuraduría General de la República (PGR) con base en la información recibida de Estados Unidos procede a “asegurar” a la empresa Oceanografía, con el argumento de preservar la operación de PEMEX y salvaguardar los derechos de los trabajadores, utilizando para tal efecto a la Marina. La PGR agregó, en esa ocasión, los posibles delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada además del fraude ya mencionado. Pareció querer dar a entender que tenía los elementos suficientes para justificar tal acción.
Por su parte la PGR informa que inicia una investigación y gira orden de presentación sobre el presidente del concejo de administración de Oceanografía, Sr. Armando Yañez Osuna.  Asegura los bienes de Oceanografía y designa como su administrador temporal  al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Pero si solo había la demanda del ofendido, es decir de BANAMEX,  no se explica el porqué de su rápida y atípica actuación, ni informa del sustento de su más amplia investigación. Niega todo tipo de información pretextando  que se trata de una investigación en curso. Evita decir, con este artilugio, si se investigará a los empleados de PEMEX para dilucidar si estos fueron ajenos o facilitadores del fraude, como lo hace el FBI en Estados Unidos. A todas luces se trata de una estratagema para deslindar a PEMEX.
Todo lo anterior mas pareció confabularse con el fin de evitar que se hiciera público que el fraude fue cometido en 2013, es decir en el actual sexenio de Peña Nieto. Para cerrar más esta posibilidad y que la opinión pública se encamine por otro lado, se deja correr la versión de que Oceanografía viene cargando desde hace muchos años con diferentes demandas de proveedores extranjeros, que ha cometido fraude al no enterar oportunamente las cuotas del IMSS y del INFONAVIT. Pero por sobre todo se deja correr la versión de que los Hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de la esposa del ex  presidente Vicente Fox, son socios de Oceanografía y se menciona con insistencia de que Oceanografía logró un crecimiento inaudito durante los sexenios de los  presidentes Calderón y Fox. Con esto se logra a la perfección el fin deseado, es decir, que todos los reflectores se enfoquen hacia las administraciones anteriores y no sobre la del actual presidente Peña Nieto, sino solamente sobre Oceanografía  y no sobre PEMEX también.
Mientras tanto, la PGR anuncia que se busca por cielo mar y tierra al  Sr. Armando Yañez Osuna,  se dice que se ha solicitado a la INTERPOL su captura en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación aprovechan para elaborar cuanta inverosímil historia de huídas, escapes, escondites y más. Pero para sorpresa de propios y extraños el 22 de marzo de 2014, el Sr. Armando Yañez Osuna se presenta voluntariamente a declarar ante la PGR. Con gran diligencia, y sin haberle fincado aún ningún delito la PGR solicita ante un juez una orden de arraigo en su contra, que le es otorgada de inmediato. Si la propia PGR dice que solicita el arraigo para tener tiempo de integrar la acusación y allegarse pruebas, no se explica entonces qué elementos tuvo el juez para otorgar el arraigo. Aunque existe la fe pública del fraude contra BANAMEX, no se puede culpar al Director General de Oceanografía por delitos cometidos por empleados subalternos, sin dejar de considerar que pudo haber tenido conocimiento del hecho, cosa que tendría que ser probada en el juicio. Así como tampoco se puede culpar al Director General de BANAMEX por delitos cometidos por funcionarios subalternos, en caso de que estos hayan sido facilitadores del fraude. Igual situación privaría para el Director de PEMEX si empleados de éste hubiesen participado en el fraude. Pero si la PGR opera bajo presunciones solamente, los tres Directores deberían estar arraigados no solamente el de Oceanografía.   
Arraigar a una persona es, en los hechos, poner preso a un individuo sin haberle adjudicado ningún delito. Figura que se sigue utilizando cotidianamente en México en contra de los principios más elementales de justicia.
Al transcurrir de los días se empiezan a aclarar algunos hechos; se sabe que sí hubo denuncias de empresas estadounidenses en contra de Oceanografía, pero en todos los casos finiquitaron en acuerdo de las partes. Se aclara también que los hermanos Bribiesca jamás fueron socios de Oceanografía.
Si se quiere, daremos por hecho que Oceanografía ha omitido el pago de varias o muchas mensualidades de las cuotas obrero patronal al IMSS o de las aportaciones al INFONAVIT, que en extremis la PGR califica de fraude, pero que en la realidad son omisiones o falta de pago oportuno,  que la propia ley del IMSS prevé, tan es así que impone multas y recargos, llegando al embargo de bienes si la omisión persiste. Pero si de esto la PGR quiere hacer un caso de fraude, entonces tendría que meter a la cárcel a la mitad de los millones de empresarios de México que incurren en esta falla y al 100% de las personas que se dedican a la economía informal que eluden flagrantemente el pago de las cuotas al IMSS y al INFONAVIT. Pero además tendría que meter a la cárcel también a la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales que incurren en la misma omisión ante el ISSSTE y el FOVISSSTE.
Se dice que la empresa enfrenta demandas por motivos laborales o despidos injustificados de 122 trabajadores. Pero seamos prácticos, sería inverosímil que una empresa con 11,000 trabajadores careciera de problemas de este tipo, pero además, existen las leyes laborales que protegen con suficiencia los derechos de los trabajadores. Para tener una referencia baste recordar que el propio Citigroup a quien pertenece BANAMEX, anunció en 2011 el despido de 4,500 puestos de trabajo y no por eso fue intervenido por el gobierno de Estados Unidos.
Se dice con insistencia que durante los sexenios de los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) se favoreció a Oceanografía, pero se omite el hecho de que Oceanografía presta servicios a PEMEX desde su fundación en 1968, es decir  33 años bajo presidencias PRIistas.
Resumiendo, se aprecian tres claras intenciones por parte del gobierno de Peña Nieto; primero quiere hacer parecer que todo este asunto no sucedió en su administración sino en los gobiernos anteriores, segundo quiere deslindar a PEMEX y tercero quiere justificar la acción de la PGR.
Esto último es de la mayor importancia, ya que intervenir esta empresa como lo hizo la PGR, para efectos prácticos, es un símil de estatizar, ya que su administración ha sido tomada totalmente por el gobierno Mexicano, lo que de inmediato implicó una serie de graves consecuencias.
El 6 de marzo de 2014, el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray, en la novena cumbre financiera mexicana dijo “El gobierno mexicano está aplicando el Estado de derecho, actuando con oportunidad para salvaguardar las operaciones de Petróleos Mexicanos y proteger las fuentes de trabajo de la empresa y asegurar una ordenada recuperación al máximo posible de los créditos de Banamex, así como de otras instituciones financieras”.
Primero. Luis Videgaray dice que se “está aplicando el estado de derecho”, pero no explica con claridad que quiere decir con eso. Si por estado de derecho se refiere al cumplimiento de las leyes, que yo sepa no hay ninguna ley que diga que cuando una empresa o sus empleados incurran en un fraude contra otra deba ser intervenida por el estado. El procedimiento bien conocido es que la empresa ofendida demande y que la autoridad procure la restitución del daño o castigue al demandado si el caso lo amerita.
Segundo. “El gobierno mexicano está actuando para salvaguardar las operaciones de Petróleos Mexicanos y proteger las fuentes de trabajo de la empresa”. Sabemos que el fraude se fraguó en 2013 y que Oceanografía venía prestando sus servicios a PEMEX con normalidad por lo que no se explica bien a bien eso de salvaguardar las operaciones de Petróleos Mexicanos. Luego viene un galimatías inexplicable, me explico, la empresa es la fuente de trabajo de los trabajadores y no de la empresa, “las fuentes de trabajo de la empresa” es el propio PEMEX. Pero nuevamente no sabemos qué Oceanografía se estuviera desintegrando, declarando en quiebra, deshaciéndose de sus activos o vendiéndose, con lo que peligrara la fuente de trabajo.
Tercero. “Asegurar una ordenada recuperación al máximo posible de los créditos de BANAMEX, así como de otras instituciones financiera”. No sé si esto sea un lapsus mental del Secretario de Estado Luis Videgaray, una frase hueca dicha ante la cumbre de financieros que entenderían que no es cierto o una promesa verdadera. Porqué lo que yo entiendo es que el gobierno mexicano se asegurará, nada menos, de que BANAMEX recupere lo que le debe Oceanografía y no solo éste sino también las otras instituciones financieras. Esto es, como Oceanografía está intervenida por el gobierno mexicano, si ésta no genera los flujos de efectivo necesarios para pagar los adeudos de BANAMEX y demás instituciones financiera, ateniéndonos a la promesa de Luis Videgaray, entonces el gobierno mexicano proveerá los fondos necesarios para cubrirlos. Y por su puesto con dinero de nuestros impuestos. La pregunta es ¿Porqué el gobierno mexicano tiene que asegurarse que una empresa privada le pague a otra empresa privada sus adeudos?
En cuanto los proveedores de Oceanografía supieron del aseguramiento por parte de las autoridades, iniciaron procedimientos para el cobro de sus créditos. Fue tal la avalancha que el administrador gubernamental designado se vio tan abrumado que tuvo qué solicitar ante un juez la suspensión de pagos, solicitud que le fue concedida.
Con esto, los humildes proveedores se quedarán sin cobrar, quien sabe por cuánto tiempo. Pero en cambio para BANAMEX y las otras instituciones financieras hay la promesa de Luis Videgaray que se hará lo máximo posible para qué recuperen sus créditos.
Con tal acción Oceanografía se verá privada de suministros porqué los proveedores no querrán arriesgar más sus patrimonios o tendrá que comprarlos de contado, esperando que los proveedores mansamente le sigan vendiendo a pesar de tener detenidos sus pagos. En ambos casos la fluidez de su funcionamiento se verá interrumpida y en consecuencia la operación de PEMEX se verá perjudicada, que es en resumidas cuentas lo que se quería evitar.
El gobierno debió permitir que la legalidad del estado siguiera su curso. Una empresa privada demanda a otra empresa privada. El proceso judicial determina la culpabilidad del acusado e impone la pena correspondiente. Si existen los elementos suficientes para imponer pena corporal se procede en tal sentido contra la o las personas acusadas.
Al eliminar a los propietarios de Oceanografía de su dirección e imponer a un administrador totalmente ajeno, lo que se quería evitar se cumplirá puntualmente, ya que sin duda la llevarán a la quiebra total.
Por lo pronto el gobierno tuvo ya que aportar los primeros millones de pesos, de quien sabe cuántos más, para la instalación de la administración provisional.
Hoy es girada, por fin, la orden de aprensión contra el Sr. Armando Yañez Osuna, quien se reservó su derecho a declarar.  
Mi opinión es que la intervención, aseguramiento o como se le quiera llamar, de Oceanografía, fue una soberana desproporción. O es que Peña Nieto quiere volver a las nefastas épocas estatistas.    
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario